Trabajadores de la UEJN, realizará mañana un acto frente al Palacio de Tribunales para denunciar las presiones de la Corte Suprema para frenar la aprobación de un proyecto de ley que establece el sistema de negociaciones paritarias para los poderes judiciales de todo el país.
Fe de Radio dialogó con Julio Piumato quien nos da su opinión al respecto de este tema.
La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), que lidera el diputado nacional Julio Piumato, realizará mañana un acto frente al Palacio de Tribunales para denunciar presiones de la Corte Suprema de Justicia para frenar la aprobación de un proyecto de ley que establece el sistema de negociaciones paritarias para los poderes judiciales de todo el país.
Al respecto, Piumato denunció la semana pasada la existencia de una “operación de prensa destinada a convertir a los victimarios en víctimas y que acusa a los trabajadores judiciales de querer desestabilizar a la Corte, cuando lo único que reclamamos son nuestros legítimos derechos, consagrados en convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y que por lo tanto tienen rango constitucional”.
Al acto de mañana fueron invitados, además de la UEJN y otras organizaciones enmarcadas en la Confederación General del Trabajo (CGT), los gremios judiciales de otras partes del país, entre ellos la Federación Judicial Argentina (FJA), que está en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Además del proyecto sobre paritarias, que ya cuenta con la sanción de Diputados y con dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado, que preside el radical Gerardo Morales, los judiciales nacionales reclamarán ser parte de la obra social que hoy es manejada exclusivamente por el máximo tribunal, y que se unifique el sistema jubilatorio para magistrados, funcionarios y empleados, a fin de que todos perciban el 82% móvil que marca la ley.
Un antecedente reciente lo marcó la sanción en el Congreso de un proyecto de ley que devolvió el cobro del 82% móvil a los docentes universitarios, una aspiración que también tienen los empleados del Congreso Nacional nucleados en la Asociación del Personal Legislativo (APL), que esperan poder concretarlo a más tardar en el próximo período de sesiones ordinarias, que se inicia en marzo de 2010.
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